Encuentro de acueductos comunitarios en el marco del día de la gestión comunitaria del agua. Foto: cortesía ACER Agua Viva
Artículo de Sandra Moreno, secretaria ejecutiva de RIPESS.
El agua es más que un recurso: es el principio que sostiene toda forma de vida. Allí donde fluye, florecen los territorios, los cultivos, las comunidades. Y donde falta, comienzan la migración, la desigualdad y la pérdida de soberanía. Por eso, cada 22 de marzo —Día Internacional del Agua— recordamos que defender el agua es defender la vida misma. Desde RIPESS, Red Intercontinental para la promoción de la economía social solidaria, afirmamos que el agua no puede ser tratada como mercancía ni sometida a la lógica del lucro. Su gestión exige modelos democráticos, comunitarios, cooperativos y profundamente territoriales; modelos que ya existen y que se sostienen gracias a la acción colectiva de miles de comunidades rurales, campesinas, negras, indígenas, ráizales y populares que autogestionan este bien común.
Entre el 24 y el 28 de febrero, participamos en Cartagena Colombia, en la segunda conferencia internacional sobre la reforma rural y el desarrollo rural, ICARRD+20. En el marco de esta conferencia se realizó el Foro: “Agua y reforma agraria, justicia hídrica para la vida y la paz total”, un espacio de diálogo y construcción colectiva sobre la Estrategia Agua como bien común. En esto foro se expusieron diferentes experiencias, por ejemplo los más de 32 mil acueductos comunitarios en Colombia, como ejemplo vivo de que es posible un modelo diferente al empresarial-mercantil. Estas organizaciones, gestionadas por las personas desde los territorios, han sido actores políticos clave en la defensa del agua y la permanencia campesina en los territorios. Su lucha ha logrado avances históricos: la construcción participativa del Decreto 0960, artículo por artículo junto a las comunidades en la Mesa de Interlocución, y la aprobación en cuarto debate de la ley propia para los acueductos comunitarios. Ambas conquistas no son solo normativas sino que expresan el reconocimiento de un modelo y de sus gestores como aliados estratégicos para la soberanía alimentaria, la reforma agraria y la democratización de los bienes comunes. Porque sin agua, no hay posibilidad de habitar los territorios ni de garantizar una vida digna. Donde hay agua gestionada comunitariamente, hay poder local, autonomía y capacidad de incidencia.
Cuidar el agua es cuidar el territorio
A diferencia de los modelos extractivos que agotan ríos y acuíferos, los acueductos comunitarios protegen los ecosistemas del ciclo hídrico. Su sostenibilidad ambiental no se limita a administrar un servicio: implica custodiar las fuentes, reforestar, vigilar y detener licencias de explotación que amenazan la vida. En regiones como el Magdalena Medio en Colombia, donde una centuria de explotación petrolera ha transformado una despensa agroalimentaria en un territorio vulnerado, las comunidades recuerdan que los megaproyectos no solo consumen cantidades enormes de agua, sino que la devuelven contaminada, causando daños muchas veces irreversibles.
En otros lugares como la isla de Tierra Bomba, al sur de la ciudad de Cartagena de Indias, las luchas continúan. Allí, las comunidades negras, raizales y palenqueras defienden su relación ancestral con el agua, los manglares y la pesca artesanal. A pesar de la fragmentación del territorio y de la ausencia de políticas estatales efectivas, ellas han creado sus propios sistemas de recolección, distribución y cuidado del agua. Lo hacen con sabiduría, reconociendo que el agua no se separa del territorio, ni la soberanía de la dignidad.
Desde RIPESS estuvimos también acompañando a estudiantes de la Institución Educativa Liceo de Bolívar junto con el equipo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la viceministra Ruth Quevedo en la construcción de una cartografía hídrica participativa de su territorio para visibilizar su importancia y aprender a defender el agua de manera estratégica. Las instituciones juegan un papel fundamental para reconstruir el territorio, reordenar las políticas públicas en torno al agua y armonizar la convivencia de las comunidades con la naturaleza.
Estos procesos nos muestran que el verdadero ordenamiento hídrico empieza con el reconocimiento de las comunidades como gestoras del agua, no como usuarias pasivas ni receptoras de servicio y que son quienes realizan una verdadera gestión democrática del agua y quienes como sujetas políticas elevan el agua a un bien común de interés estratégico para la nación.
Frente a las lógicas impuestas que conciben el agua bajo criterios de rentabilidad y competencia, urgen nuevos pactos que regulen este bien esencial con criterios de solidaridad, equidad y sostenibilidad. Los sistemas tarifarios deben reconocer el valor social y ambiental del agua, y el rol de quienes la cuidan. La economía social solidaria nos invita a entender el agua como espacio de autogestión democrática y cooperación, donde se reconstruyen las relaciones entre las personas, las comunidades y la naturaleza.
Defender el agua desde estos criterios es defender los principios más profundos de la vida: el derecho a existir dignamente, a decidir sobre el territorio y a construir un futuro común más justo y sostenible. Este 22 de marzo, celebramos y honramos a quienes día a día hacen posible que el agua siga fluyendo: las comunidades organizadas que la cuidan, la gestionan y la defienden como bien común y como vida.
Estudiantes de la Institución Educativa Liceo de Bolívar en la construcción de una cartografía hídrica participativa de su territorio. Foto: Sandra Moreno
