De Chiloé a las Naciones Unidas: Defender los Territorio frenta al Poder de las Salmoneras

Marcela Ramos de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas de Chiloé, integrante de la Red de Economías Territoriales, miembro de RIPESS LAC,
reclama un tratado vinculante que proteja los derechos humanos, las aguas y las economías que sostienen la vida.

“Necesitamos un tratado vinculante fuerte». Con esta demanda, nuestra compañera Marcela Ramos llevó a las negociaciones sobre el tratado vinculante una voz arraigada en Chiloé: la de quienes defienden sus aguas, sus medios de vida y su derecho a decidir sobre el futuro de los territorios que habitan.

Marcela Ramos, Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas de Chiloé, Chile

Marcela ha hecho presencia esta semana en Ginebra, denunciando los impactos de la industria salmonera y la creciente subordinación de los territorios a los intereses de grandes empresas. Su lucha conecta la defensa de los derechos humanos con una cuestión central para la economía social y solidaria: quién decide sobre los bienes comunes y qué economías queremos sostener. El artículo publicado por El Clarín esta semana, sitúa esta defensa de Chiloé en una movilización más amplia de los pueblos pescadores frente a la privatización del mar y la expansión del poder corporativo.

Chiloé: un territorio vivo, no una zona de sacrificio

En su intervención, Marcela denunció las vulneraciones laborales y los impactos ambientales y culturales asociados a la expansión de la salmonicultura. También cuestionó que los fondos de pensiones y los recursos públicos contribuyan a financiar empresas que vulneran los derechos de las personas y de sus comunidades.

Su denuncia no se limita a los daños de una industria. Pone en cuestión un modelo que concentra las ganancias mientras deja en los territorios la contaminación, el deterioro de los ecosistemas y la pérdida de medios de vida. Esa es también la preocupación que recoge El Clarín al describir las consecuencias de la salmonicultura industrial para las comunidades costeras del sur de Chile.

Foto publicada en Ecoocéanos: «Salmones de Sangre: Otra tragedia laboral en la industria del salmón en Chiloé”.

Marcela alertó asimismo sobre la instalación de grandes complejos eólicos que, según expuso, amenazan las turberas y las fuentes de agua de las islas. Su intervención reclama que la protección ambiental y la transición energética no sirvan de justificación para imponer nuevos proyectos sin respetar los derechos y las decisiones de quienes habitan los territorios.

«Necesitamos un tratado vinculante fuerte que nos permita proteger nuestros territorios de las falsas soluciones y de las justificaciones erróneas para transformar los territorios en zonas de sacrificio», afirmó.

Defender las economías territorializadas es defender la vida

Desde la perspectiva de la economía social solidaria, esta lucha expresa el sentido de las economías territorializadas: economías arraigadas en las comunidades, en sus saberes, en sus relaciones de cuidado y en la capacidad colectiva de sostener la vida. En Chiloé, defender las aguas y los ecosistemas es también defender la pesca, la agricultura, la alimentación y la continuidad de las prácticas culturales. No se trata de proteger un paisaje separado de sus habitantes, sino de preservar las condiciones que permiten a las comunidades vivir, producir y decidir en su territorio.

La intervención de Marcela sitúa la soberanía alimentaria en el centro de esa defensa. Frente a una mirada que reduce el archipiélago a un espacio disponible para la explotación, reivindica su riqueza biológica y cultural y la posibilidad de seguir construyendo economías al servicio de sus pueblos. La defensa de Chiloé que plantea Marcela no se limita a denunciar los impactos de las grandes industrias. También se expresa en la construcción cotidiana de otras formas de producir, intercambiar y consumir, arraigadas en las comunidades y comprometidas con el cuidado de sus territorios.

Marcela participa en la Comunidad La Melga, un colectivo de productorxs y consumidorxs organizado desde 2015 y vinculado al movimiento Slow Food. Su propuesta promueve una alimentación buena, limpia y justa, basada en la agroecología, el reconocimiento de quienes producen los alimentos y la valoración de los productos y las preparaciones locales. La defensa de la soberanía alimentaria y del acceso al agua y a la tierra forma parte explícita de sus objetivos. La Melga organiza ferias y participa en otros encuentros de productores, además de preparar una canasta mensual de productos locales para decenas de personas. Estas prácticas acercan a quienes producen y a quienes consumen, y ofrecen una forma concreta de sostener la producción agroecológica y el acceso a alimentos del territorio.

La comunidad también organiza talleres y una Escuela de Autoformación en Agroecología, que amplía esta labor de intercambio y aprendizaje colectivo. La vinculación con la Red de Economías Territoriales que hace parte de RIPESS LAC ha abierto nuevos espacios de colaboración. Marcela cuenta que, desde su incorporación, han realizado visitas de intercambio y participado conjuntamente en ferias. Son experiencias que conectan iniciativas locales y permiten compartir saberes y formas de organización desde la economía solidaria.

Amadrinar una papa: cuidar la biodiversidad y los saberes de Chiloé

Una de las iniciativas que acompaña La Melga es el jardín de papas de Yolanda Millapichún. Según el testimonio de Marcela, Yolanda mantiene 112 tipos distintos de papa, que debe volver a plantar cada año. Para apoyar ese trabajo, la comunidad impulsa una campaña de madrinas y padrinos: cada persona aporta 10 euros anuales por una papa apadrinada, destinados a las labores agrícolas necesarias para mantener la plantación. Esta iniciativa expresa una forma concreta de solidaridad económica: compartir el coste y la responsabilidad de conservar una diversidad alimentaria que depende del trabajo y de los conocimientos de quienes la cultivan. La aportación no busca una rentabilidad financiera, sino sostener una tarea de cuidado y reproducción de la vida.

Desde esta experiencia, la soberanía alimentaria adquiere un sentido cotidiano: mantener las semillas y los cultivos, reconocer a sus cuidadoras, sostener la producción local y fortalecer los vínculos entre el campo y las mesas de las comunidades.

Proteger los territorios para que otras economías puedan existir

Las ferias, las canastas agroecológicas, los intercambios y el jardín de papas muestran qué significa defender las economías territorializadas en Chiloé. No se trata únicamente de frenar actividades que dañan los ecosistemas, sino también de proteger las condiciones que permiten a las comunidades alimentarse, trabajar, transmitir sus conocimientos y decidir sobre su futuro.

Desde esta perspectiva, la lucha de Marcela por un tratado vinculante y su participación en La Melga son partes de un mismo compromiso: poner límites al poder empresarial que amenaza los territorios y fortalecer economías basadas en la cooperación, la soberanía alimentaria y el cuidado de los bienes comunes.

Un tratado para poner límites al poder corporativo

Las demandas planteadas por Marcela muestran por qué la defensa territorial necesita también herramientas internacionales. En su intervención reclamó obligaciones que impidan las vulneraciones de derechos laborales y ambientales, información veraz sobre los efectos de las actividades empresariales y medidas contra los conflictos de interés y la influencia corporativa en las decisiones públicas.
El tratado que reclama debe permitir prevenir los daños, exigir responsabilidades y garantizar que los derechos a la salud, al agua y a un ambiente libre de contaminación no queden subordinados a las ganancias empresariales.

La defensa del territorio pasa también por respetar la autodeterminación de las comunidades y su derecho a decidir quién las representa. Esto implica también respetar las formas propias de organización y representación de los pueblos originarios. Marcela comparte la denuncia de la Mesa de Comunidades y Asociaciones Indígenas de Calbuco, que rechaza una proclamación como «cacique superior» de personas ajenas a la población, careciendo de legitimidad y respaldo comunitario. Su pronunciamiento reclama a las autoridades que dialoguen con las organizaciones con historia y trayectoria en el territorio. Marcela vincula esta disputa con las presiones para debilitar la Ley Lafkenche, que reconoce y protege los usos tradicionales de los espacios costeros marinos de los pueblos originarios. Para ella, este caso refuerza la necesidad de un tratado que proteja los derechos colectivos frente a las injerencias empresariales.

Estas reivindicaciones se inscriben en la lucha de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, de la que RIPESS es miembro. La Campaña articula movimientos sociales, sindicatos, organizaciones y comunidades afectadas que reclaman un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

Las voces de los pueblos pescadores en el debate internacional

La intervención de Marcela forma parte de una movilización que conecta luchas territoriales de distintos continentes. La Campaña recoge las voces de representantes de Chile, Sudáfrica y Sri Lanka que denuncian procesos de apropiación de los espacios marítimos, deterioro de los ecosistemas y debilitamiento de las formas de vida vinculadas al mar. Sus demandas convergen en la necesidad de mecanismos eficaces de responsabilidad empresarial y acceso a la reparación.

Estas voces aportan al debate internacional conocimientos construidos desde los territorios y desde la experiencia de quienes enfrentan los daños. Su participación recuerda que un tratado no puede elaborarse de espaldas a las comunidades cuyos derechos debe proteger.

Desde RIPESS, damos visibilidad a la lucha de nuestra compañera Marcela y a las comunidades que defienden Chiloé. Su demanda interpela directamente a quienes trabajamos por la economía social solidaria: defender otras formas de economía exige defender también los territorios, los bienes comunes y la capacidad de los pueblos para decidir sobre su presente y su futuro.

Como expresó Marcela: «No debemos permitir que los estados, dirigidos por las transnacionales, decidan lo que se puede hacer o no hacer en los territorios, sin tener en cuenta a quienes los hemos habitado por miles de años».