La transición fuera de los combustibles fósiles ha entrado en una fase decisiva. La cuestión ya no es si debemos actuar. La cuestión es si somos capaces de transformar nuestras economías, nuestros sistemas financieros y nuestras instituciones con la suficiente rapidez para generar alternativas creíbles que reemplacen los ingresos, los empleos y las cadenas de valor dependientes de los combustibles fósiles. Esta es la verdadera prueba de nuestra credibilidad colectiva. Porque el desafío que enfrentamos no es únicamente tecnológico o financiero. Es sistémico. Se trata de cómo organizamos la relación entre la ambición global, las estrategias nacionales y las realidades de los territorios donde la transición debe vivirse, implementarse y ser apropiada por las poblaciones.
Durante demasiado tiempo, el financiamiento climático se ha estructurado de manera que concentra el impacto en los niveles superiores, mientras que la transformación ocurre en los territorios. Durante demasiado tiempo, las economías territoriales y los actores locales han sido considerados como puntos de llegada, en lugar de motores de la transición.
Este momento marca un cambio.
La Conferencia de Santa Marta representa un hito pionero desde esta perspectiva. Crea un espacio en el que los países, instituciones, movimientos sociales y populares y todas las partes interesadas pueden ir más allá de los compromisos generales y avanzar hacia la identificación de vías concretas de implementación. Reunir a actores diversos en torno a una transición justa, ordenada y efectiva, abre nuevas posibilidades de cooperación, articulación y acción colectiva. También refleja un reconocimiento creciente de que la transición debe anclarse en las economías reales, en las dinámicas territoriales y en sistemas de implementación inclusivos. La comunidad internacional está enviando ahora una señal clara y estructurante.
Las directrices de la Acción Climática Liderada Localmente (LLCA) del Fondo Verde para el Clima han establecido que una implementación de alto impacto debe basarse en la apropiación local, la toma de decisiones descentralizada, el fortalecimiento sostenido de capacidades territoriales y la participación directa de los gobiernos locales y regionales y de las comunidades. A través de sus mecanismos de preparación, el Fondo Verde está contribuyendo activamente a estructurar una nueva generación de arquitecturas financieras en las que la localización de la acción se convierte en un pilar central de la eficacia.
El Compromiso de Sevilla sobre Financiamiento para el Desarrollo refuerza esta transformación. Establece la localización como principio estructurante del financiamiento, basado en plataformas lideradas y apropiadas por los países, y destaca el papel central de los bancos de desarrollo nacionales y subnacionales en la canalización, estructuración y reducción de riesgos de las inversiones. Esta alianza se inscribe también en la agenda de Financiación para el Desarrollo y en las demandas de justicia fiscal y de deuda, sin las cuales no existe espacio fiscal para una transición justa ni para escalar estas arquitecturas territoriales. Asimismo, reconoce la economía social y solidaria y sus estructuras financieras como componentes esenciales de los sistemas económicos y llama a fortalecer el financiamiento subnacional como palanca clave de implementación. Este cambio refleja una evolución más profunda del debate internacional.
Lo que antes se consideraba periférico, la localización del financiamiento, las economías del último kilómetro, los sistemas territoriales, emerge hoy como un pilar central de la transformación, una palanca para acelerar la implementación, movilizar oportunidades económicas y construir resiliencia. En este contexto, emerge una realidad clara y estructurante: La transición tendrá éxito a través de la acción combinada de los gobiernos locales y regionales, los actores de la economía social y solidaria y sus intermediarios financieros.
En conjunto, conforman un sistema económico y financiero de implementación del último kilómetro:
- Los gobiernos locales y regionales estructuran la demanda, regulan los mercados, organizan los servicios públicos y orientan las trayectorias de desarrollo territorial.
- Los actores de la economía social, solidaria, popular y comunitaria organizan la producción, movilizan capital local y garantizan que el valor generado permanezca en las comunidades.
- Los bancos de desarrollo subnacionales y las instituciones de finanzas sociales y solidarias proporcionan la capa de intermediación financiera que conecta el capital global, los recursos públicos y el financiamiento ciudadano con los actores que implementan la transición.
Existen ya modelos de alta escala que se pueden revisar e implementar. Están operando y están transformando sectores claves. El desafío ahora es escalar estas soluciones hacia arriba y hacia afuera, asegurando su difusión sin perder calidad, inclusión ni equilibrio. Esto requiere estructurar el sistema.
Las Plataformas País para la Localización del Financiamiento, reconocidas en la Plataforma de Acción de Sevilla y en la Agenda Global de Acción Climática, proporcionan este marco estratégico. Fortalecidas con un pilar territorial de implementación de la transición, permiten articular la ambición nacional, el financiamiento internacional y los sistemas de inversión territorial. En esta arquitectura, la intermediación financiera y la estructuración de proyectos son determinantes. Los bancos de desarrollo subnacionales y las instituciones de finanzas sociales y solidarias permiten que los flujos financieros lleguen al último kilómetro a escala. Las estructuras permanentes de preparación, agregación y estructuración financiera, FinHubs, transforman iniciativas dispersas en carteras financiables.
En este contexto, Colombia se posiciona en la vanguardia de una nueva generación de liderazgo en la transición.
A través de la alianza entre el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) de Colombia, la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS) y el Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades (FMDV), y en coordinación con instituciones nacionales, gobiernos locales y regionales y actores financieros, se impulsa una iniciativa concreta. Su objetivo es desarrollar, en complementariedad con los marcos nacionales existentes, un sistema territorial de implementación que integre las realidades, oportunidades y actores locales en el centro de las estrategias de transición. Este enfoque refleja una lección clave: la transformación es más eficaz cuando la ambición nacional se conecta con las dinámicas territoriales y cuando los actores locales son plenamente reconocidos como co-implementadores y co-inversores. Busca conectar la visión nacional, los recursos internacionales y la transformación económica local, fortaleciendo la apropiación, la resiliencia y la eficacia.
También contribuye a impulsar una mirada más amplia de la transición: en muchos territorios, estas economías del último kilómetro se expresan en las economías sociales, solidarias, populares y comunitarias que sostienen alimentación, cuidados, reciclaje, energía comunitaria y otras funciones esenciales con baja huella material y energética. Las economías para la vida, del cuidado y del bienestar comunitario, que al mismo tiempo crean mercados sostenibles, abren nuevas oportunidades de inversión y revelan un potencial económico, aun son ampliamente subvaloradas en los territorios.
Esta iniciativa se concibe como un esfuerzo abierto y colaborativo. Invita a gobiernos, bancos de desarrollo, instituciones financieras, comunidades y socios internacionales a trabajar conjuntamente en la construcción de sistemas coherentes de implementación. Porque el éxito de la transición no dependerá únicamente de los volúmenes de financiamiento o de los compromisos políticos. Dependerá de nuestra capacidad para organizar sistemas que funcionen. Sistemas que generen empleo; sistemas que creen alternativas; sistemas que las personas puedan ver, confiar y hacer suyos. Este es el cambio que estamos impulsando. La alianza que estamos construyendo, es la alianza global por las economías para la vida*.
| “Desde el Departamento para la Prosperidad Social sabemos que la transición justa no se juega solo en las grandes cumbres, sino en los territorios donde la gente organiza su vida cotidiana. Por eso apostamos por articular las políticas de inclusión productiva y protección social con las economías populares, sociales, solidarias y comunitarias que son quienes sostienen la alimentación, los cuidados, el reciclaje y tantas soluciones concretas de transición. Nuestro compromiso es claro: poner las economías para la vida en el centro de las estrategias de desarrollo, abrir espacio fiscal y político para que la inversión pública y climática llegue al último kilómetro, y construir, junto a las comunidades, una arquitectura económica y financiera que funcione para la gente y no al revés.” Mauricio Rodriguez, Director de DPS, Colombia. |
| “Las Economías sociales, solidarias, populares y comunitarias no son el margen social de la transición; son su infraestructura viva. El problema no es que falten soluciones territoriales; el problema es que faltan instituciones y finanzas a la altura de ellas. No queremos que estas economías sean instrumentalizadas como implementadoras baratas, sino reconocidas como co‑arquitectas de la transición. Hacemos también un llamado para que en este nuevo clima agravado por la guerra no olvidemos que sin justicia fiscal y de deuda no hay espacio real para una transición justa. Las economías que trabajan en el último kilómetro no son el final de la cadena: son donde la transición se vuelve real o fracasa. La acción climática no puede seguir pasando por encima de quienes ya sostienen la vida.” Sandra Moreno, Secretaria Ejecutiva RIPESS. |
| “Desde la perspectiva de los gobiernos locales y regionales, la transición no es una abstracción, es una responsabilidad concreta que se juega en los territorios. Lo que estamos construyendo hoy, a través de las Plataformas País para la Localización del Financiamiento, los bancos de desarrollo subnacionales y los FinHubs, y en estrecha alianza con las entidades de la economía y la finanza sociales y solidarias es una arquitectura capaz de conectar la ambición global con la realidad de las economías locales, populares y comunitarias. Este enfoque ya no pertenece a los márgenes del debate internacional: se está consolidando como un pilar central para hacer posible la transición, canalizar inversiones hacia la economía real y construir sistemas que funcionen para las personas. El reconocimiento de la economía y las finanzas social y solidaria en el Compromiso de Sevilla confirma que son indispensables para la transición, y que su plena inclusión es ahora una condición necesaria, no una opción”. Carlos de Freitas, Director Ejecutivo FMDV |
Referencias
El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) lidera políticas de inclusión social y resiliencia territorial en Colombia.
RIPESS, Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social Solidaria articula redes de economía social y solidaria en cinco continentes y en más de 75 países del mundo.
El FMDV, Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades, apoya a gobiernos nacionales, locales y regionales en el acceso al financiamiento.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Alianza Global de Bancos de Desarrollo Subnacionales (más de 90 afiliados en América Latina y El Caribe y África) y de la Alianza AMUF de Ministros Africanos para el Financiamiento de la Urbanización (representando 43 países), activas en el reconocimiento del papel estructurante de la intermediación financiera territorial.
* El horizonte de economías para la vida surge de la convergencia entre organizaciones sociales, plataformas de Economía social, solidaria, popular y comunitaria y gobiernos que buscan poner la vida, el bienestar y la sostenibilidad en el centro del desarrollo. Está en sintonía –entre otros procesos– con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”. Este enfoque, impulsado por alianzas como ECOOVIDA, articula diversas expresiones económicas como pilares de una transición justa, feminista y territorial. Desde esta alianza, las economías para la vida se sostienen en tres pilares interdependientes: – Decisión política de invertir en los territorios y en los bienes comunes. Apuestas de gobiernos y aliados internacionales para orientar recursos públicos, climáticos y de desarrollo hacia proyectos territoriales que defienden agua, tierra, ecosistemas y tejidos comunitarios, abriendo espacio a nuevas trayectorias económicas pos‑extractivas. – Organizaciones populares, solidarias y comunitarias orientadas a la descarbonización justa. Redes de economías populares, sociales y solidarias —cooperativas, asociaciones, organizaciones campesinas, de mujeres y de pueblos étnicos— que sostienen producción, transformación y comercialización justas, con baja huella material y energética y aportes concretos a la descarbonización y a la justicia social. – Circuitos asociativos solidarios entre gobiernos y comunidades organizadas. Acuerdos y acciones colectivas entre organizaciones de base, plataformas de ESS y entidades públicas que impulsan circuitos de producción, distribución, financiamiento y cuidado con impacto territorial, articulando políticas, instrumentos financieros y capacidades comunitarias.
