América Latina y Caribe

El movimiento de economía solidaria y comercio justo en Latinoamérica se viene afirmando y articulando como una incipiente, pero, importante fuerza de transformación democrática de las relaciones económicas y sociales vigentes.

De hecho, fue la «cuna» del nacimiento de la RIPESS. El proceso de articulación de iniciativas de economía solidaria, en el ámbito internacional, tuvo su hito en julio de 1997, cuando en la ciudad de Lima se reunieron más de 200 experiencias provenientes de 32 países de los cinco continentes, en el Primer Simposio de Globalización de la Solidaridad, emitiendo una declaración conjunta que cuestiona la hegemonía del modelo de desarrollo neoliberal y propone reconocer y desarrollar la solidaridad en la economía, además de comprometerse en construir redes de economía solidaria en cada uno de sus países.

Desde esa fecha se han formado redes y plataformas de economía solidaria (en Perú, Brasil, Chile, México, Bolivia, y diversas coordinaciones en Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, y en algunos países de Centroamérica y el Caribe), y organizado cinco encuentros latinoamericanos de economía solidaria y comercio justo (Cochabamba 2005, La Habana 2007, Montevideo 2008, Medellín 2010, Río de Janeiro 2012 y Managua 2015).

RIPESS LAC pretende articular aquellas redes para avanzar hacia la confluencia de intereses en una agenda común.

Esto consiste en producir, intercambiar y consumir bienes y servicios que correspondan con las necesidades económicas y sociales de la comunidad local e internacional, y el establecimiento de relaciones armoniosas entre los concurrentes en la esfera económica. Esta economía social y solidaria revalora la primacía del trabajo sobre el capital. Se dirige a satisfacer las necesidades de las personas y de las comunidades por encima de la búsqueda de lucro o de las utilidades financieras.

Las unidades económicas solidarias están basadas en un modelo de toma de decisiones democráticas y en un sistema de gestión participativa y transparente, que se dirige a asegurar una propiedad colectiva de los resultados de las actividades económicas, así como una motivación y contribución sostenida a su éxito.

La contribución de esta economía se mide por su incidencia sobre el desarrollo local, nacional e internacional, particularmente por la creación de empleo permanente, el desarrollo de nuevos servicios, la mejora de la calidad de vida, el aporte a la equidad de género, la protección del medio ambiente y la creación de riquezas en condiciones éticas.